Es la relación tripartita que se establece entre el Estado y las organizaciones representativas del capital y del trabajo, esto es, organizaciones empresariales y sindicatos. Su objetivo es llegar a acuerdos que permitan al gobierno contar con el apoyo de los interlocutores sociales para llevar a cabo con éxito su política económica. Para ello el Estado les otorga compensaciones que normalmente consisten en la participación, en la formulación de la política económica y en los organismos e instituciones encargados de controlar su puesta en práctica. Esto conlleva aceptar sobre todo en el caso de los sindicatos la misión de conseguir que los trabajadores se unan a ello, incluso con los sacrificios de tipo salarial que pueda conllevar.
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